Por Natalia A. Ramos Miranda y Dave Sherwood
SANTIAGO, 12 dic (Reuters) - Los diputados chilenos decidirán el jueves si dan luz verde a una acusación contra el presidente Sebastián Piñera quien, según la oposición, no protegió los derechos humanos durante semanas de disturbios, una prueba que se espera que supere aunque golpeará a su ya debilitado gobierno.
La ola de protestas estalló hace casi dos meses por un aumento en las tarifas del metro y rápidamente se salió de control, dejando 26 muertos, miles de heridos, millones de dólares en daños y centenares de denuncias de abusos por parte de las fuerzas de orden.
El presidente de centroderecha es el que más ha resentido el efecto político de las movilizaciones. Su índice de aprobación a fines de noviembre cayó a 10%, el más bajo para un presidente desde el retorno a la democracia en Chile hace casi 30 años.
Sin embargo, la posibilidad de que sea sometido a un juicio político siguen siendo escasas.
Pero aunque la iniciativa fuese aprobada por una mayoría simple de diputados y pasara al Senado, es improbable que tenga éxito en la cámara alta porque se necesitan los votos favorables de dos tercios de los 43 senadores y la oposición está lejos de ese número.
"Es poco probable que los esfuerzos para sacar a Piñera tengan éxito debido a la composición del Congreso y a la naturaleza del descontento social, que lo incluye pero va más allá del presidente", dijo Maria Luisa Puig, especialista en América Latina del Grupo Eurasia.
Las mayores demandas, desde una reforma al sistema de pensiones hasta la calidad y costes de los servicios públicos, se remontan a mucho antes del gobierno de Piñera, que fue elegido para un segundo mandato en 2017 con promesas de bienestar y crecimiento económico.
Los legisladores de varios partidos de oposición que están detrás de la acusación señalan que el mandatario, que en los primeros días de la crisis dijo que Chile "está en guerra contra un enemigo poderoso", no actuó lo suficientemente rápido para impedir los abusos policiales.
El abogado de la defensa sostiene que no existe un vínculo entre sus acciones y cualquier irregularidad constitucional.
"No hay argumentos para aprobar una acusación constitucional", reafirmó el miércoles la portavoz del gobierno, Karla Rubilar.
Varios grupos internacionales de derechos humanos han condenado los abusos policiales y Piñera ha prometido reformas profundas al cuerpo policial.
Esta semana, nuevos choques entre manifestantes y policías en el centro de Santiago dejaron a dos personas heridas de gravedad por el impacto de bombas lacrimógenas. Las movilizaciones han perdido fuerza, pero siguen realizándose y en ocasiones terminan en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
La revisión de la acusación contra Piñera en la Cámara tiene lugar un día después de que el Senado aprobó una iniciativa similar contra el exministro de Interior y primo de Piñera, Andrés Chadwick, señalado también como responsable político de los abusos policiales como jefe del orden público.
(Información de Natalia Ramos y Dave Sherwood, editado en español por Jose Elías Rodríguez)