Por Nelson Rentería
CACAOPERA, El Salvador, 9 nov (Reuters) - A los siete años, Fidel Pérez sobrevivió al estallido de una granada que un soldado lanzó al interior de la cueva en la que había buscado refugio junto con sus familiares y vecinos.
Era diciembre de 1981, durante un operativo militar en Morazán, en los inicios de la cruenta y larga guerra civil que sufrió El Salvador y que se cobró decenas de miles de vidas.
La explosión hizo que Pérez cayera desmayado, aunque apenas sufrió heridas leves. Sin embargo, al despertar se percató que su madre y una de sus hermanas estaban entre las 12 víctimas mortales del ataque.
Temerosos de que los soldados regresaran por ellos, los ocho sobrevivientes enterraron ahí mismo a sus seres queridos y huyeron del lugar. No regresaron hasta 1994 para exhumar sus restos y darles sepultura en Cacaopera, una comunidad predominantemente indígena en la que se establecieron tras el fin de la guerra, que duró entre 1980 y 1992.
Pero ahora, el descanso de la madre y la hermana de Pérez deberá ser interrumpido a pedido del juez Jorge Guzmán, quien busca nuevas evidencias sobre la denominada masacre de El Mozote, de la que forma parte la operación en la que perdieron la vida las dos mujeres.
Según un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, entre el 10 y 13 de diciembre de 1981 soldados torturaron y ejecutaron a más de mil pobladores del caserío El Mozote y otros lugares cercanos en el departamento Morazán, 180 kilómetros al noreste de la capital San Salvador, en busca de guerrilleros.
"Nuestra bandera de lucha es saber la verdad, que se haga justicia, que haya reparación y que nunca más se vuelvan a dar estos hechos", dijo Pérez, ahora un agricultor de 43 años, quien observa a diario los trabajos de forenses para extraer las osamentas, que se espera arrojen nuevas luces sobre lo sucedido esos años.
"Lo más difícil son las huellas marcadas en la mente, en el corazón de uno, de dejar a un familiar abandonado", dijo Pérez, quien escapó del operativo en 1981 con su padre y otro hermano.
Dieciséis militares retirados, entre ellos el exministro de la Defensa José Guillermo García, están acusados de planificar y ordenar la masacre.
AMNISTÍA
Sin embargo, ninguno iría a la cárcel si el Congreso aprueba una nueva ley que daría amnistía a los responsables de los crímenes durante la guerra civil, tanto de militares como de guerrilleros.
La iniciativa forma parte de la llamada "Ley de Reconciliación", que busca reparación para las víctimas y poner un punto final a las secuelas de la guerra, que dejó 75.000 muertos y unos 8.000 desaparecidos.
Especialistas en derechos humanos aseguran que la ley, que debería ser aprobada en los próximos días, no evitaría que los responsables sean condenados, pero sí que pisaran la cárcel, al tiempo que podrían conmutar las condenas por trabajos sociales o arrestos domiciliarios.
"Es una burla para los miles de crímenes y específicamente, en el caso de El Mozote, una burla después de haber asesinado a más de mil campesinos, en su mayoría niños", dijo a periodistas Wilfredo Medrano, el abogado que representa a 60 familias de víctimas, durante las exhumaciones en Cacaopera.
Si los legisladores no logran aprobar el proyecto antes del 13 de noviembre, podrían solicitar una prórroga de cuatro meses.
"Ojalá que se haga justicia, pues no fueron animales los que mataron acá", dijo María Núñez de Márquez, una ama de casa de 61 años cuyos suegros y cinco hermanos de su marido también fueron asesinados en El Mozote.
La mujer de cabello encanecido aseguró que su esposo, Orlando Márquez, está preocupado porque los responsables de la muerte de su familia pueden quedar sin ninguna condena.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que asumió su mandato en junio, se reunió ese mes con familiares de las víctimas y reiteró su compromiso de no apoyar "ninguna" ley de amnistía, de acuerdo a su oficina.
(Editado por Adriana Barrera, Sharay Angulo y Carlos Serrano)