Análisis técnico de IAG, Repsol e Indra

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"El gran pelotazo: Cómo el Gobierno del PSOE ha entregado Indra a una empresa sin experiencia a través de una red de favores y contratos públicos" La empresa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), que hasta 2019 era un modesto taller familiar de mecanizado sin trayectoria en grandes proyectos ni innovación tecnológica, ha pasado en apenas cinco años a liderar el negocio de defensa en España y presidir Indra, la mayor empresa tecnológica del país. Lo que podría parecer un caso de éxito empresarial es, en realidad, un entramado de adjudicaciones a dedo, favores políticos y presuntos conflictos de intereses. El detonante fue en 2020, cuando el Gobierno adjudicó de forma directa a Escribano un contrato de 36 millones de euros por 5.000 respiradores durante la pandemia. La empresa no los fabricó: actuó como intermediaria entre el Gobierno y Hersill S.A., obteniendo un margen superior al 70%. Este contrato marcó el inicio de una escalada de contratos públicos que ha llevado a EM&E a facturar más de 355 millones en 2024, con previsiones de 450 millones para 2025. Detrás de este ascenso está un círculo cerrado del PSOE, con la ministra María Jesús Montero como pieza clave, y Gaspar Zarrías —histórico operador del partido— como nexo entre La Moncloa y los empresarios afines. La trama ha consolidado un modelo clientelar donde el acceso a contratos se rige por lealtades políticas, no por méritos técnicos. En 2021, AXPE Consulting intentó entrar en el capital de Indra con una participación del 20%. La respuesta fue tajante: "Solo podréis entrar para apoyar al Gobierno". La firma rechazó participar en un modelo que implicaba comisiones y alineación política. Escribano, SAPA y otros actores cercanos al poder, en cambio, prosperaron. La operación culmina en 2025 con el nombramiento de Ángel Escribano, copropietario de EM&E, como presidente ejecutivo de Indra, una empresa pública en la que el Estado, a través de la SEPI, tiene la mayor participación. Ahora, Escribano promueve una fusión entre Indra y su propia empresa, valorada en hasta 1.500 millones, en medio de advertencias legales por parte de consejeros independientes y una oleada de dimisiones internas. El Consejo de Administración de Indra está dividido. Las presiones para cesar a perfiles críticos se multiplican. La fusión entre ambas compañías es vista como un conflicto de intereses de manual y podría ser objeto de acción judicial por administración desleal. Este modelo no solo afecta a la libre competencia y al uso de recursos públicos, sino que compromete la seguridad nacional y la integridad de sectores estratégicos. Estamos ante una operación de toma del control empresarial desde el poder político, utilizando como herramienta el dinero de todos los contribuyentes. Lo que se está fraguando no es un polo tecnológico competitivo, sino un monopolio inflado artificialmente con contratos públicos y dirigido desde La Moncloa. Solicitamos una comisión parlamentaria urgente que investigue: Las condiciones de los contratos públicos adjudicados a Escribano desde 2020. La legalidad del proceso de fusión entre EM&E e Indra. La posible participación de operadores políticos como Gaspar Zarrías en procesos empresariales. La transparencia, la competencia leal y la defensa del patrimonio público están en juego.