Buenos Aires, 21 jul (EFE).- El Gobierno de Argentina insistió hoy en reclamar una "negociación justa" para encontrar una salida en el litigio por la deuda con los fondos buitre, con quienes mantendrá una nueva audiencia este martes en Nueva York convocada por el juez del caso.
El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, reiteró que el Gobierno de Cristina Fernández solicitó al juez del caso, Thomas Griesa, una medida cautelar que mantenga frenada la aplicación del fallo a favor de los fondos de inversión querellantes, de tal modo que el país pueda hacer efectivos sus compromisos de deuda con los tenedores de bonos que sí aceptaron los canjes de 2005 y 2010.
Los litigantes tienen sentencia a favor para cobrarse bonos en mora desde finales de 2001 que, entre capital e intereses, ascienden a unos 1.500 millones de dólares.
Los querellantes han pedido a Griesa el embargo de fondos de Argentina, que por el fallo ha visto complicado un pago a acreedores de su deuda reestructurada que debía concretarse el 30 de junio pasado.
Argentina giró los fondos para ese pago, pero el dinero no llegó a las cuentas de los inversores por decisión del Bank of New York ante el fallo de Griesa.
"Hay que ser claro y enfático: Argentina paga sus obligaciones. Ha depositado 1.031 millones de dólares", insistió hoy Capitanich.
Los prospectos de los bonos reestructurados dan un mes de plazo a Argentina para regularizar el pago antes de ser considerado en un cese de pagos técnico.
En ese plazo, que vence el próximo 30 de julio, Argentina apuesta a negociar una forma de pago con los querellantes que no contravenga los contratos firmados con los acreedores que sí aceptaron las reestructuraciones de deuda.
Capitanich dijo hoy que para ello Argentina reclama "condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables para el ciento por ciento de los bonistas, aquellos que participaron del proceso de reestructuración incorporados al prospecto, que constituye un contrato de partes, que un juez no puede vulnerar como lo hace Griesa".
Según el jefe de Gabinete, la posición argentina en el litigio es "extremadamente racional y de buena fe", mientras que "la mala fe la tienen los bonistas buitres porque pretenden una ejecución de sentencia que saben que tiene efectos al resto de los bonistas que adhirieron".
Capitanich reiteró que si se paga a los litigantes en mejores condiciones que a los acreedores de deuda reestructurada, se "puede disparar un pasivo enorme, un acrecentamiento de la deuda argentina de 120.000 a 500.000 millones de dólares, de acuerdo a los analistas".