Nueva York, 21 jul (EFE).- Un tribunal de Nueva York celebrará este martes una nueva audiencia en el caso que enfrenta a Argentina con fondos acreedores y que puede resultar clave en un litigio que, de no resolverse, coloca al país en riesgo del cese de pagos.
La audiencia fue convocada el pasado 16 de julio por el juez Thomas Griesa, que lleva el caso del reclamo presentado por fondos de acreedores que no se sumaron a los planes de reestructuración aprobados por Buenos Aires en 2006 y 2010.
La cantidad reclamada, incluyendo intereses y capital, alcanza cerca de 1.500 millones de dólares, pero puede ser mayor si los efectos del pleito se extienden a otros acreedores que no forman parte del grupo de querellantes.
El juez ha convocado a varios bancos para las "aclaraciones" que han planteado, así como a la "reconsideración parcial" presentada por uno de los principales fondos litigantes, NML, en una audiencia que comenzará a las 10.30 hora local (14.30 GMT).
No se espera la presencia de altos funcionarios argentinos, pero el Gobierno de Buenos Aires, parte involucrada en esta audiencia, estará representado por los abogados que lo defienden en esta causa y que hoy mismo presentaron documentación al tribunal.
Las aclaraciones han sido planteadas por bancos que han solicitado al juez Griesa que defina qué hacen con fondos que han recibido de parte de Argentina para cubrir vencimientos de deuda canjeada y que, de momento, están congelados.
El Gobierno argentino ha pedido al juez Griesa una medida cautelar para que mantenga frenada la aplicación de un fallo a favor de los fondos de inversión querellantes, con el fin de que pueda hacer efectivos sus compromisos de vencimiento de deuda.
Pero los fondos litigantes han pedido al magistrado el embargo de esos desembolsos, lo que puede complicar a Argentina sus obligaciones presentes y futuras en el cumplimiento de sus vencimientos de deuda soberana.
"Argentina paga sus obligaciones", afirmó hoy en Buenos Aires el jefe del Gabinete de Argentina, Jorge Capitanich, a la vez que pidió una "negociación justa" que permita al Gobierno de Buenos Aires cerrar este caso ante la justicia estadounidense.
De no darse vía libre al pago al que ya se ha comprometido Argentina, en un plazo que vence el 30 de julio, entraría en una especie de cese de pagos técnico, no tanto por voluntad del emisor de la deuda sino por la imposibilidad de cumplir con el pago.
Argentina, en un memorando que hicieron llegar hoy sus abogados al juzgado que lleva el caso, insistió en defender sus argumentos y reiteró que los fondos querellantes son una "minoría" que está en contra de un 92 % de acreedores que aceptó el canje de deuda.
Uno de los mayores problemas al que se enfrenta el Gobierno de Argentina es una cláusula que obliga a extender a la totalidad de los tenedores de bonos cualquier mejora que obtengan los fondos querellantes.
Esta cláusula, conocida por sus iniciales en inglés de RUFO (Derechos sobre Futuras Ofertas), es a la que se opone el Gobierno de Argentina, según reiteraron en el memorando que entró con fecha de hoy en el tribunal.
Según Argentina, la aplicación de la cláusula RUFO añadiría "miles de millones de dólares" adicionales a las cantidades reclamadas por los fondos acreedores. Algunos cálculos del Gobierno de Buenos Aires fijan esa suma en unos 15.000 millones.
Pero, a la vez, como dice el escrito de sus abogados, a Argentina se le debe permitir buscar una "solución justa" con el fin de avanzar con los que llama "fondos buitres" en la mediación que está llevando a cabo el letrado especialista Daniel Pollack, nombrado por el juez Griesa.
Pollack lleva negociando en Nueva York con las dos partes desde comienzos de julio. En la última reunión, el pasado 11 de julio, dio espacio para ambas partes para que hicieran sus planteamientos, en reuniones por separado, y el diálogo quedó abierto.