Buenos Aires, 1 ago (EFE).- El Gobierno argentino acusó hoy al juez federal estadounidense Thomas Griesa de inmovilismo "para beneficiar a los fondos buitre" tras la vista celebrada en Nueva York en la que el magistrado llamó a continuar las negociaciones entre el país suramericano y los fondos especulativos.
"Una vez más el juez llamó a una audiencia para no resolver absolutamente nada en relación a los fondos de terceros que mantiene inmovilizados. De este modo, lejos de mantener el status quo, como lo ha denunciado la República, vuelve a favorecer a los fondos buitre, en dos sentidos", sostuvo el Ministerio de Economía argentino en un comunicado.
Los fondos reclaman a Argentina el pago de unos 1.500 millones de dólares por deuda en mora desde el cese de pagos de 2001, que no está sujeta a las reestructuraciones que la gran mayoría de acreedores del país suramericano aceptó.
Los fondos pretenden que el pago se haga en efectivo y sin quitas, pero Argentina sostiene que no puede cancelar la deuda de ese modo porque violaría así una cláusula legal por la que no puede darles a otros acreedores mejores condiciones de pago que a los inversores que adhirieron a los canjes de 2005 y 2010.
Según la cartera encabezada por el ministro Axel Kicillof, al bloquear el cobro a algunos de los bonistas de deuda reestructurada, Griesa "pretende someter a la Argentina a una verdadera extorsión para que pague a los fondos buitre lo que pretenden, aún cuando el propio juez sabe perfectamente que tal pretensión implica la violación de la ley argentina".
El Gobierno de la presidenta Cristina Fernández criticó también la decisión de Griesa de mantener a Daniel Pollack como mediador, volvió a rechazar que el país se encuentre en cese de pagos y señaló que están "ante un insólito caso donde una de las partes, con la ayuda del juez, provoca los hechos que luego la favorece".
En la vista celebrada hoy, Griesa descartó reemplazar a Pollack por "pérdida de confianza", tal y como alegó Argentina y llamó a las partes a continuar las negociaciones pese a haber vencido el mes de plazo que tenía el Gobierno de Fernández para pagar a los bonistas de deuda reestructurada.