Marbella (Málaga), 26 jul (.).- La Junta de Andalucía ha pedido a la Caja Rural de Granada y al fondo de inversión SPV Spain, parte de la propiedad del hotel Guadalpín Banús, en Marbella, que restituyan el uso hotelero de toda la finca donde se ubica el establecimiento, parcialmente cerrado, y que cumplan la Ley del Turismo.
Desde la administración autonómica han recordado a los dueños que los espacios precintados y cerrados presentan "una afectación legal que compromete el uso, pero no la propiedad" y que "tienen el deber de destinar los bienes a un uso hotelero".
La delegación de Turismo de la Junta insiste en que SPV y la Caja Rural deben permitir la continuidad de los servicios, sin obstaculizar el acceso a trabajadores o a clientes, así como garantizar la conservación y el buen estado de las instalaciones.
Hasta la fecha, la Junta ha realizado dos inspecciones al establecimiento y ha comprobado que, desde el día del lanzamiento judicial, el 11 de julio, los espacios que reclaman SPV y Caja Rural están cerradas, sin el debido mantenimiento y "sin destinarlas al obligado uso hotelero expresamente recogido en el citado auto judicial".
El lanzamiento de bienes lo decretó el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga a instancias de dos de los 40 propietarios del suelo sobre el que se ubica el hotel, SPV y Caja Rural, lo que de hecho ha supuesto el cierre de cocinas, restaurantes, terrazas, baños y otras zonas comunes.
El cese de servicios clave para el correcto funcionamiento de un hotel cinco estrellas "perjudica directamente tanto a los 180 trabajadores del establecimiento como a sus cliente"”, precisan desde la Junta de Andalucía en un comunicado remitido este viernes.
Además recuerda que esta situación contraviene "el principio de unidad de explotación" y entra "en colisión" con lo preceptuado por la Ley del Turismo de Andalucía.
La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Gemma del Corral, se ha reunido en estos días con el comité de empresa del Guadalpín, el representante de la comunidad de propietarios, los demandantes -SPV Spain y Caja Rural-, y la empresa responsable de la explotación del hotel, Grisoma Hotelera.
A esta última le ha pedido que, en virtud del deber de protección del principio de unidad de explotación, así como de la obligación de las empresas turísticas de garantizar la prestación y buen funcionamiento de los servicios conforme a la categoría del establecimiento, facilite el plan de contingencia puesto en marcha mientras se restablece la situación.
Grisoma ha anunciado esta semana que solicitó la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor y los trabajadores, que han convocado movilizaciones para el 29 de julio frente a la sede de Caja Rural en Granada, mantienen un retén de protesta diario a las puertas de la sucursal bancaria de esta entidad en Marbella.
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