Paula Fernández
Lisboa, 22 dic (.).- Entre huelgas, vuelos cancelados, reestructuraciones y un atisbo de mejora financiera, la aerolínea TAP se asoma a 2023 con la privatización en el horizonte, un proceso cargado de incertidumbre y que genera divisiones en Portugal.
Un año después de las ayudas autorizadas por Bruselas para garantizar la viabilidad de la empresa, unos 3.200 millones de euros, TAP está inmersa en un plan de reestructuración con reducciones de plantilla y de los activos del grupo.
Pero la aerolínea, cuyo capital está al 100 % en manos del Estado luso tras el impacto de la pandemia, sigue sin tener su futuro claro.
Aunque el Gobierno socialista luso ha dejado claro que quiere lanzar su privatización para integrarla en un gran grupo de aviación, los detalles son casi desconocidos.
Oficialmente no se han dado plazos y, según la prensa local, la intención del Ejecutivo es vender una parte del capital y entre los interesados estarían Lufthansa (ETR:LHAG), Air el grupo IAG (BME:ICAG) (British Airways e Iberia).
TENSIONES LABORALES Y OPERATIVAS
Con esta incertidumbre de cara a 2023, la compañía no deja de ser noticia por conflictos laborales, huelgas y cancelaciones de vuelos, una situación que podría complicar la búsqueda de un inversor, según los expertos.
"La inestabilidad operativa y laboral son factores importantes porque el comprador va a restar valor a la marca TAP", explica a EFE el presidente del Instituto Superior de Economía y Gestión (ISEG), João Duque, que recuerda que la administración ha cometido además "pequeños errores" en los últimos meses que no pueden permitirse.
Entre ellos, refiere Duque, la intención de renovar la flota corporativa de coches con modelos de alta gama -TAP dio marcha atrás por las críticas- o la contratación de la mujer del entrenador personal de su CEO para un cargo directivo, aparentemente sin currículo que lo justificase.
Lo que más impacto ha tenido sobre los clientes es la conflictividad laboral: la huelga del 8 y 9 de diciembre llevó a cancelar 360 vuelos, con 50.000 pasajeros afectados, y las bajas laborales y la migración del control aéreo en Francia ha obligado a TAP a suprimir una media de siete vuelos diarios entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre.
Suponen un golpe para las cuentas de la compañía, que aunque da señales de mejora -en el tercer trimestre llegó a tener beneficios-, solo tiene previsto alcanzar la sostenibilidad financiera en 2025.
DIVISIONES SOBRE LA PRIVATIZACIÓN
El futuro de la compañía es motivo de fuertes divisiones en Portugal, donde la oposición conservadora acusa al Gobierno socialista de intentar venderla "con prisas" y vaticina la pérdida de los 3.200 millones de euros inyectados.
El ministro de Infraestructuras luso, Pedro Nuno Santos, ya ha dejado caer que la aerolínea no devolverá directamente las ayudas: "TAP contribuye a la economía nacional mucho más que con 3.200 millones de euros", justificó este mes, e insiste en que se trata de una empresa estratégica para el país.
El asunto también suscita divisiones entre los especialistas: "El Gobierno cree que es estratégica, yo todavía no vi la prueba de eso", señala Duque.
El economista José Reis, de la Universidad de Coimbra, subraya que la privatización tiene que salvaguardar los intereses que TAP representa para Portugal.
"No se trata solo de que tengamos una compañía aérea de bandera, sea pública o privada, sino que garantice un hub en el aeropuerto de Lisboa. De esa manera esa compañía es importante para la economía", dice a EFE.
E insiste: "El Estado debe seguir teniendo una posición de poder dentro de la empresa", y si las negociaciones para privatizarla no garantizan que se mantenga el hub de Lisboa, "debe continuar nacionalizada".
El hub de Lisboa es uno de los puntos centrales de la privatización, lo que podría alejar como candidato al grupo IAG por la competencia que mantiene con el aeropuerto de Madrid, según medios.