Por Sarah Marsh y Jorge Otaola
BUENOS AIRES (Reuters) - Argentina dijo el jueves que lanzará otra batalla legal si bancos intermediarios no cursan el pago del servicio de deuda a sus tenedores de bonos reestructurados usando como argumento la suspensión de pagos que ha hundido los activos financieros del país.
En una amarga guerra judicial, Argentina no pudo cerrar el miércoles un pacto con tenedores que la demandaron tras rechazar canjes lanzados después de su incumplimiento de pagos de 2002, a los que el Gobierno argentino llama "buitres".
Una corte de Nueva York ordenó al país pagar 1.330 millones de dólares más intereses a estos acreedores para poder cumplir con un cupón de su deuda reestructurada, pero al no lograr un acuerdo el país perdió el plazo para cancelar los intereses.
"Es una pavada atómica decir que hoy entramos en default", dijo el ministro argentino de Economía, Axel Kicillof, en una rueda de prensa.
Argentina insiste en que no está en incumplimiento porque a finales de junio depositó 539 millones de dólares en las cuentas en Buenos Aires de su agente de pago, el Bank of New York Mellon (BONY), para abonar el bono Discount. Pero el banco no completó el proceso porque el juez de distrito en Manhattan Thomas Griesa bloqueó los pagos de la deuda argentina que se cancela en Estados Unidos, que incluye toda la emitida bajo ley extranjera, hasta que no compense a los llamados "holdouts". "Supongamos que el banco decide considerar esto como un incumplimiento, la República Argentina está segura de que esto no es un evento de incumplimiento, va a apelarlo ante un juez", dijo Kicillof. "Entonces esto pasa a judicializarse antes de que haya ninguna consecuencia".
Ahora las miradas están puestas en un grupo de bancos y fondos de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por su sigla en inglés), que se reunirá desde el viernes para ver si declara el default como "evento crediticio".
Eso podría disparar el pago de los seguros contra default tomados sobre la deuda argentina, conocidos como CDS, y le daría el derecho a otros acreedores del país a recuperar eventualmente al menos 30.000 millones de dólares en bonos anticipadamente.
Los bonos soberanos, las acciones y el valor del peso se desplomaron el jueves, aunque el retroceso de los activos de la tercera economía latinoamericana no fue tan abrupto como se esperaba porque algunos inversores aún no perdían la esperanza de que pronto se pueda cerrar un acuerdo con los acreedores.
NAUFRAGAN ALTERNATIVAS
Argentina no logró un acuerdo con los acreedores llamados "holdouts" porque asegura que no puede cumplir con la sentencia del juez estadounidense Thomas Griesa debido a que se expondría a potenciales juicios hasta por 400.000 millones de dólares de acreedores que aceptaron canjes en 2005 y 2010 con una quita.
Estos tenedores están protegidos por una cláusula que impide al país recomprar los pocos títulos en default que aún quedan en el mercado bajo mejores términos que los negociados con ellos.
"A los que pretenden hacernos firmar cualquier cosa, amenazándonos con que se viene el mundo abajo, que no cuenten conmigo", dijo la presidenta argentina, Cristina Fernández, en un discurso en cadena nacional.
En un intento por evitar el incumplimiento, bancos privados argentinos ofrecieron el miércoles comprar los bonos en default pero fracasaron, según fuentes financieras. Aunque el fondo Aurelius reconoció haber recibido ofertas de privados dijo que muchos de los reportes de la prensa han sido imprecisos.
"Aurelius no ha recibido propuesta de ese tipo que consideremos digna de ser considerada seriamente", dijo en un comunicado.
Kicillof señaló que el Gobierno no se opone a un acuerdo entre privados y que incluso hay incentivos para hacerlo. Pero otro funcionario dijo horas antes que el Gobierno se mantendría al margen para no exponerse a violar la cláusula que protege a los acreedores reestructurados, y que vence a fines de diciembre.
Mientras tanto, el panel de la ISDA se reunirá el viernes a partir de las 11.00 de la mañana EDT (1500 GMT) y tiene un plazo de dos días hábiles para determinar si declara al default argentino como "evento crediticio".
Si lo hiciera, abriría la posibilidad de que tenedores de bonos PAR, Discount y Global 17 emitidos bajo leyes extranjeras puedan pedir que se les liquide anticipadamente unos 34.000 millones de dólares.
Por otro lado, el juez Griesa convocó una vista para el viernes a las 11.00 hora de Nueva York (1500 GMT) para tratar el tema del default. Argentina todavía no decidió si enviará a alguien.
"NADIE SABE QUÉ HACER"
Después del default, Fitch redujo la calificación de los Discounts bajo ley extranjera a "D" desde "CCC". Standard & Poor's ya había colocó el miércoles las notas de la deuda argentina en moneda extranjera en default selectivo.
Las noticias del jueves llevaron a la bolsa de Buenos Aires a caer más de un 8 por ciento, después de haber subido casi un 14 por ciento en las dos sesiones previas por las esperanzas de un acuerdo.
El peso en el mercado paralelo se depreció un 2,5 por ciento y los bonos argentinos en dólares cayeron en promedio un 4 por ciento en el mercado extra bursátil local.
"Nadie sabe qué hacer", dijo un operador.
Aunque la situación es delicada, está muy lejos de desencadenar el caos que desató el incumplimiento de 2002. Entonces, un Gobierno en bancarrota vio a la economía desplomarse y a millones de argentinos perder sus empleos.
Si bien sus reservas internacionales líquidas vienen cayendo y rondan los 29.000 millones de dólares, esta vez el Gobierno es más solvente. Cuánto sufrirá Argentina por el default dependerá de cuán rápido la Casa Rosada encuentra una salida.
"Nuestro escenario base es que un default sería resuelto para enero del 2015", dijo Alberto Bernal, socio de Bulltick Capital Markets con sede en Miami.
Bernal calcula que el default podría hacer contraer a la economía un 2 por ciento este año, frente a un consenso anterior del mercado de una contracción del 1 por ciento.
El default no provocaría turbulencias financieras en el extranjero porque Argentina lleva aislada de los mercados globales de crédito desde la suspensión de pagos de 2002.