Por Joan Faus
BARCELONA, 5 jul (Reuters) - El Tribunal General de la Unión Europea despojó el miércoles al líder del fallido intento de independencia de Cataluña de la inmunidad jurídica de la que gozaba como diputado del Parlamento Europeo, mientras se enfrenta a procesos judiciales en España.
La decisión es un revés para Carles Puigdemont, que vive en un exilio autoimpuesto en Bélgica, porque podría allanar el camino para que finalmente sea extraditado a España, como han solicitado las autoridades españolas durante los últimos seis años.
Huyó de España en 2017 para evitar ser procesado tras una efímera declaración de independencia que llevó a Madrid a tomar el control directo de la rica región.
En su sentencia, el tribunal con sede en Luxemburgo rechaza el recurso presentado por Puigdemont y respalda la decisión del Parlamento Europeo de suspender su inmunidad y la de otros dos eurodiputados separatistas catalanes autoexiliados, Toni Comin y Clara Ponsati.
"El Parlamento no puede adoptar decisiones de amparo de la inmunidad que produzcan efectos jurídicos vinculantes frente a las autoridades judiciales españolas", dijo el tribunal.
Puigdemont dijo en Twitter (NYSE:TWTR) que los tres eurodiputados recurrirían ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
"Defenderemos nuestros derechos fundamentales hasta el final", tuiteó.
En enero, el Tribunal Supremo de España retiró los cargos de sedición contra Puigdemont después de que una reforma del código penal del país aboliera el delito.
Sin embargo, todavía se enfrenta a cargos de desobediencia y malversación, que conllevan penas de cárcel de hasta ocho años. La sedición conllevaba una pena máxima de 15 años de cárcel.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dijo que presentaría una nueva solicitud de extradición a las autoridades belgas para que Puigdemont sea juzgado, en función de las resoluciones de los tribunales de la UE.
Anteriores intentos de España de extraditar a Puigdemont —durante sus estancias en Alemania, Bélgica e Italia— han fracasado.
España modificó su código penal el año pasado para eliminar la antigua ley de sedición en virtud de la cual algunos políticos separatistas fueron condenados a penas de hasta 13 años de prisión tras el fallido intento de independencia de Cataluña en 2017. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indultó posteriormente a los condenados por los hechos.
(Reporte de Joan Faus; Edición de David Latona y Peter Graff, editado en español por José Muñoz)